Como es de conocimiento público, el Alcalde Hugo Gebrie y el municipio de San Carlos enfrentan una serie de acusaciones judiciales, querellas y demandas en general que tienen en jaque el presupuesto de la corporación edilicia.

Algunas de las instancias legales contra el Alcalde Gebrie son a título personal, como la querella que enfrenta por injurias y calumnias presentada por la concejala Lucrecia Flores, situación que será analizada en la segunda citación del Tribunal de Garantía, agendada para la primera semana de mayo.

También está próxima la primera citación judicial en la causa por “tutela laboral y vulneración de derechos” interpuesta por el ex funcionario municipal Marcelo Acuña, quien se desempeñara en el Departamento de Relaciones Públicas, despedido a fines del 2016.

Otra de las causas que está para ser revisada nuevamente por los tribunales es la de la ex Jefa de Finanzas del Departamento de Educación, María Eugenia Vera quien fue desvinculada en marzo de 2015 y que ya recibió una sentencia favorable, que significó una indemnización por 17 millones de pesos más costas, en un juicio por tutela laboral y quien ahora reclama “despido injustificado”, solicitando a la justicia una nueva indemnización.

Por su parte dos grupos de docentes, en presentaciones separadas, han reclamado a la justicia por el no pago oportuno de los denominados ”bonos SAE”, existiendo ya una resolución favorable para 250 docentes que podrían recibir un pago de aproximadamente 700 millones de pesos en total (causa actualmente en la Corte Suprema). Un segundo grupo de profesores está en sus primeros trámites en el Juzgado de Letras de San Carlos.

Otras de las causas en trámitación y en las cuales ya hay una primera sentencia favorable es la interpuestas por 5 profesionales que fueron despedidas del  Programa “Familias, Oportunidades y Seguridades” (ex Puente), otra de 8 ex profesionales de la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD) y otra de un profesional del Programa de la Mujer.

En el caso de las funcionarias del ex Programa Puente, el Tribunal falló favorablemente para tres de ellas que habían reclamado por «despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones». Se espera que esta semana se dicte sentencia en la presentación de las otras dos funcionarias.

Otra demanda que podría ser muy perjudicial para el municipio es la presentada por los directivos de la Asociación de Funcionarios del Departamento de Educación, quienes acusan “prácticas antisindicales”. Hechos como estos son considerados muy graves y generalmente la justicia falla en favor de los trabajadores.

A todo lo anterior, se suman otras causas: la presentada por el Arquitecto Martín Cid quien denunció acoso laboral, maltrato y persecución, la que tuvo sentencia favorable para el funcionario y dónde el Alcalde deberá pedir disculpas públicas e indemnizar con un monto de 10 millones; la causa iniciada por una ex funcionaria administrativa de DIDECO, otra de una ex funcionaria de los Jardines JUNJI, la de un ex auxiliar del Liceo Violeta Parra, la del ex Encargado de Convivencia Escolar del DAEM y la presentada en contra del funcionario del Departamento de Educación Jaime Rebolledo González y todos quienes resulten responsables , a quien la ex Jefa de Finanzas del DAEM  acusa de “abuso contra particulares y prevaricación administrativa”.

En general, todas  presentaciones judiciales podrían significar un serio revés para las arcas municipales en este 2017, lo que se sumaría a otras causas falladas en contra por la justicia en años anteriores.

FISCALÍA SIGUE INVESTIGANDO ACUSACIÓN POR CORRUPCIÓN

Una de las demanas actualmente en la Justicia y quizás la mas grave, es la acusación contra el Alcalde Gebrie por corrupción, abuso de poder, enriquecimiento ilícito y fraude al fisco, que presentaron los arquitectos Martín Cid, Gastón Suazo y la concejala Lucrecia Flores.

Después de casi dos años de indagaciones por parte de la Fiscalía y la PDI, aún no se conocen públicamente los resultados ni los alcances judiciales de dicha investigación.

Los querellantes se entrevistarán en los próximos días con el Fiscal Regional al que pedirán en virtud de los antecedentes la formalización del acusado y el inicio del juicio propiamente tal.