En mayo de 2016, el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán y luego la Corte de Apelaciones de esa comuna decretaron el pago de las costas de la causa a favor de la ex alcaldesa de San Fabián, Lorena Jardúa y a otras tres personas, en un juicio por supuesto caso de acarreo de votos, preliminares a las Elecciones Municipales de 2012.

Quienes resultaron condenados a este pago fueron el Ministerio Público y los querellantes, esto es el senador Alejandro Navarro, el ex alcalde de esa misma comuna, Cristian Fernández y la sancarlina Eulalia Salinas.

Transcurrido casi un año de la sentencia, el único que cumplió con la sentencia fue el Ministerio Público, por tal razón los afectados debieron acudir a instancias civiles para, mediante embargos, conseguir el cúmplase.

La razón fue que las querellas presentadas y toda la carpeta investigativa confeccionada por el Ministerio Público no sumaron evidencia capaz de generar convencimiento alguno en los juzgadores.

Solo en el Tribunal Oral Penal se decretó el pago de 12 millones de pesos de cada uno de los querellantes y persecutores; luego la Corte de Apelaciones decretó el pago de las costas de la audiencia en el Tribunal de Alzada y lo propio hizo el Juzgado de Garantía de San Carlos, totalizando un pago de 18 millones de pesos.

En tanto para el senador Navarro y para Eulalia Salinas, las costas ascienden a 19 millones de pesos.

Ariel Torres, quien fuera cónyuge de Jardúa y uno de los acusados por la Fiscalía, dijo que “ellos han hecho todo lo posible por no pagar, Fernández traspasó varios de sus bienes y lo mismo hizo Eulalia Salinas, pero estamos tranquilos y sabemos que se nos pagará todo”.

Pese a lo anterior, a Fernández se le prendó un Mazda 3 año 2010 y que ya tiene orden de remate.

En el caso del senador Navarro, se solicitó el embargo de la dieta, “pero el tribunal dijo que por procedimiento civil existe una prelación, esto quiere decir que antes de embargar la dieta se debe primero embargar los bienes y si con eso no alcanza, entonces se embarga la dieta”, explicó la abogada Paula Villalobos, quien está tramitando esta causa en los juzgados civiles de Chillán, San Carlos y en la Corte de Apelaciones de Concepción.

Si bien no hay nada oficial aún, es posible que uno de los primeros pasos de los afectados será pedir el embargo de algunos de los vehículos del parlamentario.

(Fuente: La Discusión)