La Corte de Apelaciones de Concepción, que lleva adelante el proceso de cobranza de las costas judiciales por el fallido «Caso Acarreo», ordenó el embargo de tres automóviles, una moto y un inmueble del senador Alejandro Navarro, quien adeuda $19 millones.

Cabe recordar que la ex alcaldesa de San Fabián, Lorena Jardua, junto a su ex esposo, Ariel Torres; el concejal Juan Carlos Parada y también la colaboradora en el municipio, Marcia Ortiz, fueron absueltos en febrero del año pasado de la acusación por supuesto fraude electoral, respecto de los comicios municipales de 2012.

Ello significó que, por no haber tenido antecedentes certeros para llevar adelante la investigación y el juicio, fuera condenado el parlamentario del partido País, además del Ministerio Público; la dirigente vecinal de San Carlos, Eulalia del Carmen Salinas, y también el ex alcalde sanfabianino y ex gobernador de Ñuble, Cristian Fernández.

A partir de junio del año pasado se iniciaron las gestiones para cobrar los montos correspondientes, aunque a la fecha sólo ha pagado la Fiscalía, que en su caso debió desembolsar $23 millones.

Por tratarse de un senador de la República, fue la Corte de Apelaciones la entidad a cargo del proceso de cobranza, y aunque en primera instancia se solicitó embargar su dieta parlamentaria, los jueces determinaron que esto será procedente únicamente si es que con sus inmuebles y vehículos no alcanza a completar los $19 millones.

De esta forma, la abogada Paula Villalobos (quien en el juicio representó a Marcia Ortiz) solicitó el martes 25 de julio embargar una moto marca Honda del año 2008 y los automóviles Chevrolet modelo Spark, además de dos station wagon, ambos marca Chrysler del año 2007.

En su escrito, Paula Villalobos planteó que «teniendo presente la cuantía de la presente causa, más intereses, reajustes y costas, es que esta parte, siendo insuficientes los bienes muebles designados, dada su tasación, viene en designar para que se procese a la traba del embargo el siguiente bien inmueble», describiéndolo como una propiedad del parlamentario ubicada en Tomé, y que tiene un avalúo de $3,8 millones.

Para completar el monto requerido por los demandantes, Paula Villalobos también solicitó que se embargara parte de la dieta parlamentaria del senador Navarro. Sin embargo, los jueces sólo acogieron la petición de la abogada en cuanto a los vehículos y el inmueble.

Ariel Torres, ex esposo de Lorena Jardua, dijo que «sólo la Fiscalía ha pagado y con nuestros abogados cobraremos el resto. En total son $79 millones y esperamos que no pase otro año para que nos paguen».

SENADOR NAVARRO NEGOCIA PAGO DE COSTAS PARA EVITAR EL EMBARGO

«Justo ahora voy viajando desde Santiago a Concepción para hacerme cargo de la negociación de la deuda del senador Alejandro Navarro», contestó durante la tarde de ayer el abogado Guillermo Rioseco, quien representa al parlamentario del partido País, a quien se le dio orden de embargo por la deuda de $19 millones que mantiene con las cuatro personas que fueron absueltas en febrero del año pasado, en el denominado «Caso Acarreo».

De acuerdo a la versión del jurista, la intención del senador es pagar una parte de esa deuda antes de 24 horas, y cumplir así con la obligación, ya que el jueves 27 de julio la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó el embargo de tres automóviles, una moto y un terreno del senador Navarro en la comuna de Tomé.

«Existe la voluntad del senador Alejandro Navarro en cuanto a cumplir con la obligación y no hay ninguna de eso. El tema es que nosotros habíamos empezado una negociación con la contraparte, en el sentido de cumplir con un plan de pago, pero no hubo acuerdo, y atendido a esa demora se solicitó a la Corte el embargo», planteó ayer el abogado Guillermo Rioseco.

«El embargo está dentro de un procedimiento de cobro judicial común y corriente, pero lo que nosotros tenemos claro es que no se va a llegar a la ejecución de esa orden, porque si bien fue acogido, esperamos que esos bienes no tengan que ser entregados», dijo Guillermo Rioseco, quien enfatizó que se trasladó desde Santiago a la capital regional del Bío Bío con las órdenes expresas del parlamentario para que así se pueda suspender la resolución del tribunal.

La abogada demandante, Paula Villalobos, dijo que «al menos hasta ahora (ayer), no hemos negociado nada con el colega Rioseco. Nosotros vamos a seguir adelante con el embargo de los bienes, aunque a nosotros nos interesa el pago, con capital, intereses, reajustes, costas, etcétera».