Con el fin de poner término a una “práctica ilegítima que atenta contra los consumidores”, el diputado de la UDI Gustavo Sanhueza elaboró un proyecto de ley que busca prohibir las ventas atadas de libros y textos escolares, hecho que -según lo señaló el parlamentario- “toma especial relevancia para los padres y apoderados que incurren en gastos considerables durante el inicio del año escolar”.

Sanhueza explicó que “es común ver que ciertos productos o servicios son vendidos de manera conjunta, trayendo en algunos casos una disminución en el precio. Esta práctica denominada “empaquetamiento” es legítima en el mercado y no atenta contra los derechos del consumidor, pues implica un beneficio para estos e incentiva la competencia.

Sin embargo, lo que sí resulta ilegítimo y perjudicial para el mercado son las denominadas “ventas atadas”. En estos casos se obliga al consumidor a comprar dos o más bienes o servicios de forma conjunta, quitándole al consumidor la posibilidad de adquirir dichos productos de forma separada”.

“En estos casos se aplica un descuento negativo o penalidad por comprar los bienes de forma separada, obligando al consumidor que desea adquirir un determinado bien, a adquirir otro que no requiere necesariamente”, añadió el legislador.

En ese sentido, Sanhueza agregó que “durante el inicio del año escolar podemos ver que muchas editoriales comienzan a vender textos escolares de forma conjunta, impidiendo a los compradores adquirirlos de forma separada, lo que constituye una práctica abusiva en materia de derechos de los consumidores y desleal en lo que respecta a la libre competencia, puesto que la ley sobre protección de los derechos de los consumidores consagra el derecho a la libre elección del bien o servicio, lo que no se estaría cumpliendo debido a estas ventas atadas”.

 “Este proyecto establece la prohibición de las ventas atadas de textos, a fin de proteger el principio de libertad de elección en una transacción comercial. Así, se determina que en el caso de la venta de productos, tales como libros y textos escolares, los proveedores no podrán ofrecer otros bienes o servicios de forma atada”, concluyó el diputado Gustavo Sanhueza.