El pasado 13 de septiembre, el 1° Juzgado de Letras de San Carlos dictó sentencia en favor de la profesora Sylvia Monrroy, quien demandó a la Municipalidad sancarlina por desvinculación injustificada y vulneración de derechos fundamentales, luego de trabajar en calidad de contratada durante cinco años como Inspectora General del Liceo Politécnico Ignacio Carrera Pinto de nuesta comuna.

Monrroy ingresó a la dotación docente en el año 2012 y fue el 29 de diciembre de 2017, en dependencias del Daem, que a la profesora le notificaron de manera verbal la no renovación de su contrato por presunto ajuste de la dotación comunal, por baja sostenida de matrícula contemplada en el Padem 2018. Un mes y medio después le enviaron el decreto administrativo que daba cuenta de la no renovación.

«Ha lugar a la demanda por vulneración de derechos fundamentales deducida por doña Sylvia Monrroy Garrido en contra de I. Municipalidad de San Carlos, representada por su alcalde don Hugo Gebrie Asfura, ya singularizados, sólo en cuanto se declara que, el empleador Municipalidad de San Carlos ha vulnerado a la demandante con ocasión del despido su derecho a la no discriminación y a la integridad psicológica, en consecuencia deberá pagara a la demandante las indemnizaciones», establece la sentencia.

Monto de indemnización

Son más de $30 millones los que la municipalidad debe pagar a la ex funcionaria por concepto de indemnizaciones por falta de aviso previo, tras cinco años de servicio, y remuneraciones relacionadas al Código del Trabajo. El hecho marca un precedente por ser el primer caso de empleados bajo la condición de contrata.

«Estaba peleando mis derechos que me corresponden como trabajadora, a pesar de que estaba a contrata, fue un despido injustificado y mal hecho, y me di cuenta desde el primer momento y tomé acciones judiciales», explicó la profesora Monrroy.

El abogado asesor e hijo de la ex funcionaria, Gastón Caro, agregó que «actuaron con vulneración al derecho a no ser discriminada, porque cuando desvinculan sin decreto en primer lugar ya eso es una irregularidad porque el decreto apareció un mes y medio después, y en ese decreto se señala a un déficit presupuestario, cosa que no corresponde con los instrumentos públicos como el Padem, que explica que las proyecciones eran positivas, de manera que no se entendía que una profesional con excelente desempeño se desvinculara si no había un fundamento económico real», dijo.

Desde el momento que la jueza Claudia Vergara dictó sentencia, la Municipalidad tiene 10 días hábiles para solicitar nulidad.

Municipio pedirá anular el juicio

«Vamos a pedir la nulidad porque hicimos todo lo correcto. Esperamos que se haga justicia y se tengan presentes los antecedentes que se acompañaron y que la señora entienda que en una oportunidad se le dio un favor, se le dio la pega y que no venga a argumentar que es política. Yo la contraté sabiendo que era socialista y nunca le pedí que cambiara de opinión», informó el alcalde Hugo Gebrie y añadió que esperan hacer un reajuste de personal de entre 40 a 60 funcionarios.

(Fuente: Crónica Chillán)