• Parlamentario además valoró el rechazo de la Comisión Ambiental a un proyecto que consideraba una extracción de 500 mil metros cúbicos en un plazo de 11 años en el Río Itata, situación que había generado tensión entre los vecinos.

Regular la extracción de áridos como actividad económica y generar un nuevo estatuto para la autoridad administrativa, son los objetivos de un Proyecto de Resolución presentado por el diputado Gustavo Sanhueza.

La iniciativa, dirigida al Presidente de la República, busca fortalecer los instrumentos de fiscalización en una actividad que impacta directamente el ecosistema de las cuencas, afectando el entorno social y calidad de vida de las comunidades aledañas.

“Es insostenible que el gran marco regulatorio para la extracción de áridos sea el Servicio de Evaluación Ambiental, cuando es de toda lógica que la fiscalización comience en el origen de los proyectos. Estamos en presencia de una actividad que, en cierta medida, se encuentra en terreno de nadie y que requiere ser regulada”, indicó el diputado.

La iniciativa establece la sistematización de las normas jurídicas que regulan la actividad, por encontrarse actualmente diseminadas en diversos cuerpos legales. También se propone una mayor rigurosidad en el límite de las cantidades que se pueden extraer.

“Uno de los mayores problemas es la discrecionalidad que se presenta al otorgar permisos de extracción en bienes nacionales, donde se pueden encontrar tratos diametralmente opuestos entre una municipalidad y otra, por ejemplo. También hay un problema serio de fiscalización, porque las herramientas con las que contamos no permiten determinar si las empresas están cumpliendo con las cantidades permitidas o se están sobrepasando”, agregó Sanhueza.

De esta manera, el representante ñublensino argumenta en el proyecto que “si se le otorga a un particular autorización para extraer 100 metros de material pedregoso, en la práctica nada obsta a que dicho particular pueda exceder los límites, dado que no existe fiscalización real o efectiva, como tampoco, tipos penales especiales que sancionen la extracción ilegal”.

“Nadie puede desconocer que la extracción de áridos contribuye al desarrollo de la construcción, fundamentalmente en la confección de hormigón y morteros, además del aporte en la pavimentación de caminos. Pero algo muy distinto es la ausencia de un control administrativo y legal en una actividad que requiere ser regulada de forma urgente”, sentenció.