Cinco funcionarias del Programa «Familias, Seguridades y Oportunidades» (ex Puente) fueron comunicadas que no continúan en el sistema a contar de hoy.
El despido les fue comunicado el último día hábil del año por la Coordinadora del Programa Mariela Cerda, quien sólo atino a decir «lo siento» y que eran «instrucciones de arriba».
Las funcionarias despedidas que llevaban en sus trabajos de uno a once años, son: Viviana Ponce, Claudia Martínez, María José Campos, Yésica Angermayer y Sylvia Hernández.
A estos despidos se suman otros dos del Centro de la Mujer, su Coordinador Antonio Guerrero y la Psicóloga Marisol Torres, quienes también fueron informados del término de su relación laboral con el municipio.
NO PARTICIPARON DE LA CAMPAÑA A LA REELECCION DE GEBRIE
Uno de los motivos que ha llevado a la administración del Alcalde Hugo Gebrie a poner término a los contratos de trabajo de los funcionarios mencionados, es que éstos no participaron de la campaña política a la reelección del edil.
Recordemos que durante los actos de campaña era común ver a muchos funcionarios desarrollando tareas de campaña, en actos públicos, con poleras alusivas, repartiendo choripanes en las reuniones, armando y desarmando escenarios y escenografías, etc. Incluso varios, fueron apoderados generales y de mesas, durante las elecciones.
Se ha señalado que una de las funcionarias tendría un vínculo familiar con el ex candidato a Alcalde, Gastón Suazo, lo que también habría influído en su desvinculación.
Lo cierto es que no hay razones técnicas para los despidos.
OTROS DESPIDOS
El Alcalde Gebrie ha dado instrucciones de despedir a otros funcionarios, por ejemplo en el área de Educación y Relaciones Públicas, sin embargo no se ha podido concretar dado que hay contratos o fueros que respetar. El deseo del Alcalde es contratar personas que trabajaron en la campaña (un conocido locutor de radio) y acomodar a otros que le apoyaron.
POSIBLES JUICIOS LABORALES
Estas desvinculaciones podrían llevar a que el municipio enfrente nuevos juicios laborales, dado que hay jurisprudencia legal, que favorece a los funcionarios, quienes podrían exigir millonarias indemnizaciones.
En este aspecto, el 2016 el municipio ya tuvo que cancelar montos considerables para cumplir con veredictos judiciales desfavorables.
