Hasta el próximo 8 de abril tiene plazo el Alcalde de la Comuna de San Carlos para devolver el dinero a las arcas municipales, correspondiente a cuatro corderos que regaló a los funcionarios de la empresa que construye el nuevo edificio, lo cual fue objetado por la Contraloría Regional.
En el dictamen del ente fiscalizador se señala textual “Se ha dirigido a esta Contraloría Regional don Héctor Guzmán Vásquez, para solicitar un pronunciamiento respecto a presuntas irregularidades en las que habría incurrido el Alcalde de la Municipalidad de San Carlos, en materias relacionadas al quehacer municipal. El recurrente cuestiona en primer término, la compra de cuatro corderos que fueron consumidos el 17 de septiembre de 2015, junto a ejecutivos y trabajadores de la empresa a cargo de construir el nuevo edificio consistorial de la comuna.
Requerido su informe, por medio del oficio Nº 1.349, de 2015, el municipio manifestó que, con ocasión de la celebración de fiestas patrias, compró cuatro corderos faenados, que fueron entregados por la entidad comunal a 80 trabajadores de la empresa a cargo de la ejecución del Proyecto «Construcción Edificio Consistorial», haciendo presente que el alcalde no participó en dicha festividad, por cuanto debía atender otros compromisos institucionales.
En relación a la adquisición de los corderos, esta Entidad de Control procedió a revisar el decreto alcaldicio Nº’ 661, deI 8 de octubre de 2015, que reguló la compra de que se trata, estableciéndose que ésta fue realizada por expresa petición verbal del señor alcalde y sin ajustarse a las formalidades que sobre la materia exige la ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y a su reglamento, contenido en el decreto Nº 250, del Ministerio de Hacienda. Cabe precisar que la orden de compra Nº 2724- 756-5815, que fijó la operación, fue emitida el 16 de octubre de 2015, por un total de $ 238.952, al proveedor César Sepúlveda Sepúlveda, Rut No 11.111.481-1. Además, se constató que dicho gasto, se imputó a la cuenta presupuestaria 22-01-001, denominada «bienes y servicios de consumo, alimentos y bebidas, para personas», contraviniendo lo establecido en el decreto No 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Determinación de Clasificación Presupuestaria, cuya glosa considera los gastos realizados para la alimentación de funcionarios, alumnos, reclusos y demás personas, con derecho a estos beneficios de acuerdo con la leyes y reglamentos vigentes, situación que no ocurre en la especie. Al respecto, resulta necesario recordar que acorde con el principio de legalidad del gasto que rige la gestión de los órganos del Estado, y lo previsto en el artículo 5º, de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, los servicios públicos deben actuar con estricta sujeción a las atribuciones que la ley les confiere y las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.
En consecuencia, el gasto incurrido por el Ente Edilicio en la adquisición de estos corderos es improcedente, debido a lo cual, esa autoridad deberá reintegrar estos recursos a las arcas municipales, remitiendo a esta Contraloría Regional los antecedentes que así lo acrediten, en un plazo que no exceda del 8 de abril de 2016.”
