Se trata de una medida que establece requisitos claros para el acceso a estos beneficios estatales, como los subsidios habitacionales y de arriendo.

Con el claro objetivo de disminuir los altos niveles de violencia intrafamiliar presentes en el país, el diputado de la Región de Ñuble, Gustavo Sanhueza, elaboró un proyecto de ley que busca impedir que aquellas personas condenadas por conductas de violencia al interior del núcleo familiar puedan acceder a beneficios del Estado en materia de vivienda por un plazo de 10 años.

Según dijo Sanhueza, “hoy nuestra contamos con toda una legislación dedicada a combatir, prevenir y castigar la violencia intrafamiliar, pero no vemos mecanismos de inhibición de este tipo de conductas. Es por ello que creemos necesario consagrar requisitos claros y precisos para el acceso a ciertos beneficios del Estado”.

Y agregó: “La idea de este proyecto es establecer una prohibición general en torno al acceso a los beneficios habitacionales para todas aquellas personas condenadas por actos de violencia intrafamiliar durante un plazo de 10 años desde la fecha en que la condena haya sido ejecutoriada”.

“Esta prohibición es personal, bajo ninguna circunstancia familiar, por lo que cualquier otro miembro de la familia podría postular sin problemas a estas ventajas”, aclaró Sanhueza.