- La iniciativa además tipifica como delito la adquisición de carne en establecimientos no autorizados, con penas y multas que pueden alcanzar las 50 UTM.
Según datos reunidos por la Coordinación Regional de Seguridad Pública de Ñuble, las denuncias por robos y hurtos de animales de ganado han disminuido un 34,1% el año 2019; sin embargo, dicho comportamiento estaría asociado a la gestión pública de seguridad al interior de la región y no necesariamente a factores punitivos.
“En regiones con orientación agrícola y ganadera como la nuestra, el delito de abigeato es frecuente, por lo que hemos presentado un proyecto de ley que contribuye a la configuración de un estatuto jurídico y administrativo para que estos hechos delictuales sean debidamente investigados y sancionados”, indicó el diputado Gustavo Sanhueza.
En concreto, la iniciativa establece una pena de presidio que puede partir desde los 5 hasta los 10 años para el delito de abigeato y, en el caso de receptación de carne en establecimientos no autorizados, propone una pena que puede llegar a los 3 años y una multa de 50 UTM.
El parlamentario sostuvo que la modificación del Código Penal es solo una arista de un problema que requiere una atención más integral, “donde se deben fortalecer las coordinaciones entre autoridades y policías, incluir cámaras de seguridad y consagrar un eficiente ADN bovino que permita mejorar las tecnologías investigativas”.
“En Ñuble, afortunadamente hay mayor conciencia sobre este tema. Se incorporó el abigeato como un eje del Plan Regional de Seguridad Pública y hay una mesa concreta de trabajo que activó la Gobernación de Punilla. Son instancias que deben mantenerse, considerando que este delito tiende a expandirse entre los meses de septiembre y diciembre”, agregó.
“Este proyecto de ley es un paso en el control de la criminalidad asociada al abigeato, pero se requiere una base institucional que lo sustente. Debemos considerar que en las regiones con identidad rural, este delito se puede transformar en un grave problema social, por lo que necesitamos un trabajo colaborativo entre los potenciales afectados, autoridades y policías, además de las propuestas legislativas”, finalizó Gustavo Sanhueza.
