Parlamentario abogó por una solución que apunte “a la dignidad de las personas, y a los derechos humanos de los internos y de sus familias”. 

Como “un prejuicio, adornado por cálculos políticos”, calificó el diputado ñublensino Gustavo Sanhueza la oposición al nuevo terreno de la cárcel de Ñuble, que según información entregada ayer por Intendencia y por la cartera de Justicia, se emplazará en el sector San Miguel de Ablemo, comuna de San Carlos.

El proyecto, que todavía debe pasar por la evaluación del Ministerio de Desarrollo Social, incorpora la estructura del nuevo recinto penal, la creación de centros y talleres de trabajo para una mejor rehabilitación y algunos complejos deportivos. Además, se proyectan avances para las comunidades aledañas, como pavimentaciones y luminarias.

“Lamentablemente, nos olvidamos del problema de fondo: las condiciones de las cárceles en Chile son inhumanas, donde el hacinamiento, déficit en infraestructura y largas horas de encierro, son condiciones que la propia Corte Suprema ha esgrimido en sus informes. Lo primero entonces es analizar cuáles son las condiciones que los internos requieren para una mejor reinserción social”, apuntó Sanhueza.

En relación al emplazamiento de la cárcel de Chillán, que por años no ha sido solucionado por las autoridades, el parlamentario indicó que “llegó el momento de tomar la decisión, porque si seguimos eternizando este problema porque nadie quiere la cárcel, finalmente seguiremos agudizando los efectos antes mencionados. Se requiere una mirada humana, que priorice el bien común por sobre los intereses particulares”.

En ese sentido, el diputado destacó el trabajo del intendente Martín Arrau y el compromiso del Ministro de Justicia, Hernán Larraín, quienes abordaron este problema en diversas reuniones realizadas en Chillán, “con sentido de urgencia y capacidad de gestión”.

“Acá por primera vez se ha hecho un trabajo serio, donde además ha participado técnicamente Gendarmería y el Ministerio de Obras Públicas. Esperamos la misma respuesta de las autoridades locales, porque los juicios a priori no aportan nada sustantivo a una discusión que debe estar a la altura de la política regional que necesitamos”, sentenció Gustavo Sanhueza.