El 25 de julio pasado comenzó oficialmente el período de campaña electoral municipal, para efectos de percibir aportes y realizar gastos. Ese mismo día, comenzó a regir el artículo 24 bis de la Ley 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, que prohíbe a los precandidatos y candidatos efectuar, con ocasión de la campaña electoral, erogaciones o donaciones en dinero o en especies, en favor de organizaciones, de personas jurídicas o de personas naturales distintas de su cónyuge o parientes.
El tema no es menor, ya que algunos nuevos candidatos en San Carlos, como una manera de darse a conocer y dar muestras de su «generosidad» y «preocupación social», se muestran en sus facebook, entregando regalos a personas e instituciones, hogares de ancianos, etc., lo cual está expresamente prohibido por ley, ya que la normativa privilegia el acercamiento a las personas y el debate de ideas.
“Sin duda era una práctica habitual en otro contexto, que no me cabe duda, va a seguir ocurriendo después de las elecciones. Lo rescatable de esta ley es que va a permitir que los concejales se concentren en sus verdaderas misiones y responsabilidades, y no solo en la entrega de dádivas a agrupaciones o personas, con el objetivo de conseguir apoyo electoral. Tenemos autoridades que son realmente un aporte en el desarrollo de las comunas y las regiones, pero finalmente no son electas debido a su carencia de recursos para hacer regalos, así como hay otras que regalan mucho, pero son poco o nulo aporte en los temas que realmente importan”, sostuvo el ex concejal de Chillán, Rodrigo Sandoval.
Otro ex edil chillanejo, Cristian Quiroz, coincide en que se trata de una costumbre arraigada. “Es una práctica común que diversas autoridades de elección popular colaboren con instituciones o personas naturales. Al respecto, creo necesario distinguir entre la cooperación con instituciones o fines colectivos, tales como donación de premios para bingos de clubes o juntas de vecinos que requieren reunir fondos para el desarrollo de sus actividades; y por otro lado, una evidente práctica de clientelismo. Esta última expresada en el pago de cuentas, regalos u otros a personas naturales, y que a cambio, se espera la fidelidad política. Esa práctica lamentablemente es común y nociva para la democracia”, sostuvo el actual consejero regional, quien comparte la regulación del tema, pese a la escasa capacidad fiscalizadora del Servel. “Es necesario sancionar a quienes promueven redes de clientela, que son una expresión de la corrupción, pero a la vez, se debe educar cívicamente en orden a cuáles son los roles y responsabilidades de cada autoridad”, dijo.
